De la molestia a la indignación: Educación, Lucro y Democracia Participamos de la movilización de la comunidad educativa del país por dignidad.
En un país con riqueza suficiente, carecemos de la mínima justicia tanto en su distribución como en la contribución a los recursos comunes (tributación). Por ello, nuestros servicios públicos no responden en ningún caso a la lógica de derechos humanos y ciudadanos; sino a la lógica del mercado como meros consumidores. La mayoría debemos endeudarnos permanentemente para acceder a lo que nos corresponde por derecho humano (educación gratuita, salud integral, transporte público, vivienda, etc.), o debemos recibir ayudas focalizadas (bonos, etc.) del estado para apenas subsistir. La educación escolarizada, en su totalidad, camina al borde del precipicio. Las alertas planteadas en los últimos años tanto por la ciudadanía, especialmente los estudiantes de la revolución pingüina de 2006; como por los trabajadores de la educación, especialmente los profesores, y por muchos investigadores y recientemente cientos de académicos y algunos rectores; no han logrado ser “oídas” por la “clase política ni por los poderes económicos (los ricos, los llamados “dueños” de Chile). Aferrados a la democracia secuestrada por el binominal y una constitución ilegitimada, acordaron una LGE (en realidad una ley general de sostenedores o de fundos educativos) que mantiene los mismos supuestos ideológicos que, destruyendo la educación pública, e invirtiendo cada vez más fondos públicos en negocios (colegios y universidades) privados, no consigue lograr una mejora de la calidad educativa integral (equidad, pertinencia, inclusión, eficiencia y eficacia) para todos.
La conciencia ciudadana de las mayorías vuelve a manifestarse con más fuerza en estas últimas semanas. Se suma la indignación de los estudiantes secundarios tanto de los liceos científico‐ humanistas como de los técnico‐profesionales, a la de los profesores y profesoras del sistema municipalizado; a la de los estudiantes universitarios de forma transversal (públicos y privados), los académicos y hasta rectores; junto a la de las madres y padres, los trabajadores y ciudadanos. Todos expresan de forma novedosa y creativa su rechazo al “modelo de lucro” fracasado en que se ha encajado el proceso educativo y social de Chile.
Los traficantes ilegales de lucro en la educación superior, y los traficantes legales de la educación escolar y técnica no soportan ser “descubiertos” en su afán de ganancias personales a costa de reducir el derecho de las mayorías a una educación pública gratuita de calidad integral. En esta situación histórica el ministro de educación nos invita a “dar un paso al frente” y permitir (transparentar) el lucro en las universidades privadas “sin ánimo de lucro” (él fundó al menos una y “recuperó la inversión”), a cambio de unas “moneas” y algunos “parchecitos”.
Quizás, en lugar de que los rectores del CRUCH firmen, podríamos hacer una consulta ciudadana, un plebiscito sobre este tema y aprovechar para preguntar a todas y todos los chilenos también sobre el binominal, la constitución, la educación pública estatal gratuita, la salud universal, el sistema provisional, etc. La indignación con el sistema educacional heredado y con el “modelo neoliberal a la chilena”
(La Polar, Farmacias, Hidroaysen, etc. incluidos) está demandando un verdadero cambio hacia más democracia y participación.
Al mismo tiempo requiere ahora, al menos:
1. Control del “negocio no lucrativo” en educación superior (incluyendo el de los bancos que colaboran con los créditos con aval del estado aumentando de forma usurera sus ganancias). No es ético ni legal lucrar por cualquier medio en educación superior universitaria. Son actos delictuales que crean terror en la población y atentan contra bienes públicos, y hasta tal vez se les debería aplicar la “ley antiterrorista”. Se requiere urgencia a la ley de lobby y Superintendencia de Educación superior.
2. Que el estado se responsabilice de la educación pública y la fortalezca mediante una
des‐municipalización que no la “alcaldice” o la privatice; y con financiamiento basal
adecuado.
3. Que el estado, como propietario de sus universidades, responda con un financiamiento basal adecuado al patrimonio, infraestructura y funciones públicas de
las mismas.
4. Promover el acceso equitativo a la educación superior.
5. Becas y créditos solidarios adecuados para poder estudiar dignamente.
6. Red pública de centros de formación técnica e institutos profesionales públicos y
gratuitos.
7. Democratización de la gestión de los centros educativos y de las universidades, con
participación plena de todos los actores de la comunidad.
